J.M. Mendiluce. Para EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 22 de julio de 2000

Hace sólo dos años, en julio de 1998, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaraba solemnemente que el acuerdo de Roma sobre el Estatuto del Tribunal Penal Internacional era un momento histórico, de gran esperanza, y un paso gigantesco en el camino de la justicia “para que no queden impunes los delitos más odiosos como son los de genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra”. En las mismas fechas, Emma Bonino afirmaba, en las que serían casi sus últimas declaraciones como Comisaria Europea, que “el compromiso adquirido en Roma es más que aceptable y pondrá fin a todos los intentos de obstruccionismo”. Que el Tribunal es una oportunidad para la humanidad.

Muchos pensábamos que los riesgos de que el Tribunal se encallara en el largo proceso de ratificaciones nacionales del acuerdo no era suficiente para el desánimo. Habíamos tenido que esperar medio siglo y 130 millones de víctimas en 250 guerras, pero el gran paso se había dado: Renunciar parcialmente a la soberanía nacional a cambio de la soberanía de la justicia internacional. En estos dos años el balance es desigual a pesar de que el ritmo de las ratificaciones nacionales al Estatuto ha sido superior al que podíamos imaginar. Incluida España que, al final, disipó sus dudas constitucionales en una votación unánime de nuestro Parlamento, pero sin –lamentablemente- la cobertura mediática y política que la ocasión requería.

La resolución del caso Pinochet, y sobre todo, los genocidios de Kosovo, Timor y Chechenia, han evidenciado que las legalidades nacionales sólo son aceptables internacionalmente desde la justicia y el cumplimiento de los Derechos Humanos sin excepción. El anuario de Amnistía Internacional del 2000 denuncia duramente a Estados Unidos, China y Rusia, tres de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, circunstancia que no deja de ser cómicamente cínica si no fuera por el dramatismo que la acompaña.

Estados Unidos, denunciado sistemáticamente por su política de derechos humanos (pena de muerte, derechos de las minorías étnicas, situación en las cárceles) ha apadrinado el ingreso inmediato de China en la Organización Mundial del Comercio y avala el futuro acceso al mismo de Rusia, a la vez que se la acoge en el G7, el selecto club de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Y, de nuevo, lentamente, se abre paso una política internacional de hechos consumados, de dobles morales y varas de medir, que disculpa a Putin del genocidio checheno o tolera lo inaceptable del régimen chino a cambio de sus mercados y sus recursos, o de una concepción de la estabilidad profundamente autodemocrática.

En el escenario global, la justicia mundial es la garantía de la gobernabilidad de un planeta sin fronteras para la actividad económica y comercial. Todos los que participamos activamente, cada uno desde sus posibilidades, en la Conferencia de Roma a favor del Tribunal Penal Internacional, sabemos que sin un proceso de reformas imprescindibles e inaplazables de las Naciones Unidas y sin una revitalización autoexigente de los acuerdos de las Conferencias Internacionales, el Tratado del Tribunal o las Conferencias de seguimiento de Pekín sobre la mujer, o de Copenhague sobre el desarrollo social pueden dar, como así ha sido, un balance negativo. Y ahora viene Kyoto. Y nos tememos constatar lo peor: El planeta herido está al borde del colapso.

Y no se pueden cumplir los compromisos de iure sin dotarles de medios y de plazos, a no ser que lo que se quiera es realmente incumplirlos de facto. En Berlín, se reunieron hace dos meses 14 Jefes de Estado y de Gobierno progresistas para admitir que la única garantía de futuro para el siglo XXI era impulsar la gobernabilidad del planeta. Que la magnitud y complejidad de los retos a los que nos enfrentábamos requerían de una respuesta mundial si no queríamos que la globalidad impusiera un ritmo suicida para la mayoría de los habitantes del planeta al margen del control de la política, y por lo tanto, de la democracia. Pero, otra vez más, las palabras no dieron paso a los hechos.

Hoy la justicia, y fundamentalmente la internacional, es nuestra apuesta democrática y progresista más sólida. Sin justicia a escala de los problemas y de las violaciones del derecho, la gobernabilidad no es posible ni está garantizada, a riesgo de lo peor. Sin medios para la justicia no hay credibilidad política. Y sin espacio político y democrático, la economía de mercado y su desigual pero corregible progreso, no podrán existir con garantías mínimas.

Ahí va un ejemplo. La semana pasada participé, junto con el juez Baltasar Garzón en la Semana de los Derechos Humanos, curso que el mismo dirigió con gran éxito y repercusión en El Escorial. Al despedirme le pedí a una de sus eficaces colaboradoras que me diera la dirección de correo electrónico para mantener nuestro contacto. “El juzgado no tiene e-mail, ni tampoco acceso a Internet”, me respondió avergonzada. Indignado y, todavía atónito, comprendí de facto que no hay futuro de iure en nuestro planeta si el delito se persigue con máquina de escribir y papel carbón, en dura pelea con las fronteras, mientras los delitos y los delincuentes viajan por internet y sin fronteras. Y no sé si se trata de inconsciencia política o de un deliberado y neoliberal “dejar hacer”.

Más instrumentos jurídicos internacionales y más medios, son elementos indispensables para una justicia sin fronteras.