Migración

Los recientes incidentes y accidentes relacionados con inmigrantes han puesto de manifiesto que la actual política de inmigración que se basa en la «ilegalidad consentida», es la típica chapuza española convertida en peligrosa bomba de relojería de consecuencias sociales y económicas impredecibles.

El problema fundamental radica en entender que no se puede tratar a los inmigrantes como ciudadanos de segunda categoría y que, si no estamos dispuestos a tratarlos en condiciones de igualdad ante la ley, será mejor expulsados y cerrar las fronteras.

Igualdad ante la ley quiere decir que no se puede discriminar a los extranjeros con condiciones laborales inferiores a las que se dan a los españoles de origen, y que los empresarios que infringen las leyes laborales deben ser perseguidos y castigados. Pero también quiere decir que, al igual que el resto de ciudadanos, los inmigrantes deben ser sancionados (incluso con la deportación) si incumplen la ley, aunque sea la laboral.

Puede parecer que, a corto plazo, lo más humanitario es dejarles trabajar a cambio de unos salarios que son inferiores a los que se pagan en España, pero que son muy superiores a los que recibirían en su país de origen. Al fin y al cabo, eso les permite ganar algún dinerillo para sobrevivir. Ahora bien, lo más humanitario a corto plazo puede no ser lo mejor a la larga.

Cuando corra la voz de que en España se permite a los extranjeros obtener ingresos ilegales, una nueva ola de inmigrantes se presentarán en la frontera, lo cual atraerá a una nueva ola migratoria y así sucesivamente hasta que la situación se haga insostenible. Miles de inmigrantes se amontonarán en campos de refugiados en condiciones infrahumanas, a la espera de que se regularice su situación.

Si realmente queremos ser solidarios, lo mejor sería eliminar las barreras comerciales que dificultan la entrada de productos agrícolas y que impiden que los ciudadanos africanos se ganen la vida en su propio continente.

Otro aspecto económico de la igualdad ante la leyes que los inmigrantes deben cotizar a hacienda. La contrapartida es que también deben tener derecho a acceder a escuelas y hospitales públicos, sistema de pensiones y protección policial y judicial.

Curiosamente, uno de los argumentos que se utilizan a favor de la inmigración es que, en teoría, ésta va a solucionar el problema de las pensiones ya que los inmigrantes van a llenar con sus contribuciones fiscales el vacío que dejará nuestra baja natalidad. Aunque ampliamente aceptado, este argumento es falaz y erróneo.

Todo Estado del bienestar progresivo como el español genera redistribución de rentas en beneficio de los pobres: una vez contados todos los impuestos, cotizaciones, servicios públicos y pensiones, los ricos acaban pagando más de lo que reciben y los pobres recibiendo más de lo que pagan. No hace falta ser muy perceptivo para ver que los inmigrantes que atrae España en la actualidad son de baja cualificación y reducido nivel salarial.

Es evidente, pues, que tenderán a recibir más de lo que aportan al Estado.

Xavier Sala i Martín. Ecomomía liberal para no economistas y no liberales.